La lista de setenta y dos películas se armó mirando las portadas

La caja tenía un hombre con un taladro clavado en la frente y sangre bajando por la cara. Era 1982, la película se llamaba The Driller Killer (1979, Abel Ferrara) y estaba en el escaparate de un videoclub británico cualquiera, junto a las comedias y a los musicales, sin ninguna etiqueta que dijera quién podía alquilarla. Ese escaparate es el origen de todo lo que vino después.

Reino Unido tenía en aquel momento un sistema de censura cinematográfica que llevaba funcionando desde 1912 y que solo cubría el cine. El vídeo doméstico no existía cuando se redactaron aquellas normas, así que técnicamente no estaba sujeto a nada. Los distribuidores lo entendieron enseguida: se podía sacar en VHS cualquier cosa, incluidas películas italianas y americanas que jamás habrían pasado por la sala. Y como el catálogo era enorme y el público no conocía los títulos, lo único que vendía era la portada. Cuanto más bestia, mejor.

Cuando cada condado decidía por su cuenta

La reacción llegó por la prensa. El Daily Mail acuñó la etiqueta de video nasties, Mary Whitehouse y su asociación de espectadores montaron la campaña moral, y en 1983 circuló un informe parlamentario que aseguraba que un porcentaje altísimo de niños británicos había visto ya alguna de esas cintas. La metodología de aquella encuesta fue destrozada por los estadísticos que la revisaron, pero para entonces ya había hecho su trabajo.

La policía empezó a entrar en los videoclubes amparándose en la Obscene Publications Act de 1959, una ley pensada para libros. El resultado fue un caos jurídico: una película se incautaba en un condado y se alquilaba tranquilamente en el de al lado, según lo que opinara el juez de turno. Los distribuidores no sabían qué podían vender y los agentes no sabían qué llevarse.

Para poner orden, la fiscalía —el Director of Public Prosecutions— empezó a circular un listado de títulos susceptibles de acabar en un juzgado. No era una lista de películas prohibidas, aunque todo el mundo la leyó así. Era una guía interna para la policía, se fue actualizando entre 1983 y 1984, y en su versión más citada reunió setenta y dos títulos. Treinta y nueve terminaron con condena. El resto entró y salió del papel según cómo fueran cayendo las sentencias.

El criterio era la caja

Lo interesante de la lista es cómo se formó. Nadie se sentó a ver setenta y dos películas. Los agentes se llevaban lo que llamaba la atención en la estantería, y lo que llamaba la atención era el arte de portada. SS Experiment Camp (1976, Sergio Garrone) es un ejemplo perfecto: una película italiana mediocre, deudora del subgénero nazi-exploitation, cuya carátula era muchísimo más agresiva que su contenido. Cayó por el cartel.

Se cuenta también, y la anécdota se ha repetido tantas veces que ya forma parte del folclore, que la policía se incautó de copias de The Big Red One (1980, Samuel Fuller) convencida de que el título anunciaba pornografía. Es una película bélica con Lee Marvin.

Por el mismo procedimiento entraron en el listado cosas que hoy resultan chocantes. Possession (1981, Andrzej Żuławski) estuvo ahí, con Isabelle Adjani y su premio en Cannes a cuestas. Inferno (1980, Dario Argento) también pasó por la lista. Y The Evil Dead (1981, Sam Raimi) se convirtió en la película más incautada del país, con sentencias contradictorias según el tribunal.

Hubo consecuencias personales. El distribuidor de Nightmares in a Damaged Brain (1981, Romano Scavolini) acabó en prisión por haber suministrado una versión sin los cortes pactados. Fue el único que pisó la cárcel por todo aquello.

1984: la ley que lo cerró todo

El desorden se resolvió con la Video Recordings Act de 1984, salida de una proposición del diputado conservador Graham Bright. A partir de ahí toda cinta de vídeo necesitaba certificado del BBFC para venderse legalmente, y el organismo pasó de ser un consejo de la industria a ser el brazo ejecutor de una ley. James Ferman, su director desde 1975, se encontró con miles de títulos que revisar y con la certeza de que cualquier permisividad suya se leería como escándalo nacional.

Ahí está la parte que suele olvidarse. La lista de la fiscalía fue un episodio de tres años; los cortes del BBFC duraron veinte. The Texas Chain Saw Massacre (1974, Tobe Hooper) no tuvo certificado de vídeo hasta 1999. El exorcista (1973, William Friedkin), que ni siquiera figuró en el listado, estuvo fuera del mercado doméstico británico desde 1988 y volvió íntegra en 1999. The Evil Dead no se pudo comprar sin cortes hasta 2001. Perros de paja (1971, Sam Peckinpah) esperó a 2002, igual que The Driller Killer. La última casa a la izquierda (1972, Wes Craven) llegó entera en 2008, e I Spit on Your Grave (1978, Meir Zarchi) en 2010.

Un caso siguió atascado por otro motivo: Cannibal Holocaust (1980, Ruggero Deodato) arrastra los mataderos reales de animales que Deodato filmó, y ahí no opera la censura moral sino la Cinematograph Films (Animals) Act de 1937, que prohíbe exhibir crueldad animal auténtica. Es la única de las setenta y dos cuyo problema legal sigue siendo verificable en pantalla.

Qué queda hoy

Vistas ahora, muchas son flojas. SS Experiment Camp es tediosa. Buena parte del bloque caníbal italiano se sostiene sobre la repetición y la música de Riz Ortolani. La lista hizo por su reputación mucho más de lo que hicieron sus directores.

Pero hay tres o cuatro que aguantan cualquier revisión. Para empezar el ciclo yo iría a Possession, que es cine de autor con una criatura de Carlo Rambaldi metida dentro, y luego a Zombi 2 (1979, Lucio Fulci) y Más allá (1981, Fulci), donde la lógica narrativa se disuelve a propósito. The Evil Dead conviene verla sabiendo que la rodaron unos chavales de Michigan con dinero de dentistas locales. Cannibal Holocaust se deja para el final, y avisado.

La Video Recordings Act, por cierto, tuvo un epílogo administrativo. En 2009 se descubrió que en 1984 nadie la había notificado a la Comisión Europea, requisito obligatorio, lo que la volvía inaplicable desde el principio. Hubo que volver a aprobarla en 2010, idéntica, para tapar el agujero. Veinticinco años de certificados obligatorios sostenidos sobre un trámite que nadie hizo.